Ya hace un mes que dejamos atrás las Navidades y con ello, el espíritu de la Navidad y sus múltiples campañas solidarias, vuelta a la normalidad y regreso a la realidad de la cuesta de Enero, el tarifazo del consumo eléctrico en plena ola de frío y a Albert Rivera diciendo que no hay dinero para la Renta Mínima pero sí para rescatar Autopistas.
La realidad de un modelo de lucha contra la pobreza que cual película de ciencia ficción nos regresa al pasado, al pasado de la caridad en la cual se aceptaba con resignación la pobreza por designio divino (los pobres heredarán la Tierra y los ricos ganarán su salvación dándoles una limosna) y el Estado nada debía hacer para paliarla, era una labor que se dejaba en manos de la Sacrosanta Madre Iglesia y sus instituciones mientras que los ciudadanos no debían cargar con sus impuestos para que el Estado ayude a los que menos tienen, cada uno dentro de su conciencia y su fe decidiría vía limosna si les ayuda o no les ayuda.
Un modelo propio del Siglo XIX cuando los "pobres vergonzantes" recurrían a la beneficencia para tener su cacho de pan caliente, un modelo que básicamente se basaba en la limosna de "la gente de bien" a esos pobres vergonzantes sin más, sin pretender su inserción en la sociedad pues era su designio divino ser pobres, apartados en guetos donde no molestasen y con la satisfacción de hacerles eternamente dependientes de las migajas que les echaban mientras mantenían sus privilegios.
Contra ese modelo de lucha contra los malestares sociales surgieron voces que pidieron algo más, superar ese modelo de ayuda a los pobres, sistematizarlo y profesionalizarlo para buscar una efectiva inserción de esos "pobres vergonzantes" en nuestra sociedad, fueron voces como la de Mary Ellen Richmond, fue ella quien junto a otras personas como Octavia Hill se esforzó por buscar sistematizar y reformar los sistemas de ayuda a las familias en situación de exclusión social para lograr su integración efectiva en la sociedad, logrando en definitiva que puedan dejar de depender de éstos sistemas de ayuda para lograr su pleno desarrollo. Un paso adelante que llevaría a la profesionalización de la acción social suponiendo el nacimiento de la disciplina del Trabajo Social y un pasar página a los viejos y obsoletos sistemas de la beneficencia, una beneficencia a la que Richmond tachó de nada más y nada menos que ANTIDEMOCRÁTICA en un país en el cual era un insulto horrendo, una verdadera denuncia tachar a una institución de "antidemocrática".
Pero por qué debemos entender que la caridad, la beneficencia basada en la limosna y la ayuda exclusivamente por el amor al prójimo es antidemocrática.
Es antidemocrática porque asume que los pobres están destinados a serlo por designio divino, porque siendo pobres tendrán ganado el reino de los cielos y porque los ricos, al darles limosna tendrán ganado el pasaporte al cielo, una estructura social basado en un orden divino de las cosas que ninguna intención se tiene de cambiar, algo así como un sistema de castas que nada tienen que ver con una sociedad democrática.
Es antidemocrática porque humilla al débil, quien deberá verse obligado eternamente a mendigar, a suplicar el pedazo de pan, a hacer largas colas puchero en mano para beneplácito de quienes quieran quitarse sus remordimientos y sentimientos de culpabilidad dejando unas migajas que compartir y que el pobre tenga que dar las gracias por algo que debería ser un derecho como persona y como ciudadano.
Es antidemocrática porque no pretende liberar al ser humano ni capaditarlo para que pueda ser capaz de decidir su destino con sus propios recursos y potencialidades sino que quiere hacerlo eternamente dependiente de la ayuda de las almas caritativas.
Es antidemocrática porque desvincula de la responsabilidad pública la lucha contra la pobreza y además, la confesionaliza dejándola en manos de las instituciones del clero.
Es antidemocrática porque reduce al pobre como un hermano al que hay que ayudar por piedad y caridad y no por ser un ciudadano con derechos.
Es antidemocrática porque no busca la eficiencia del sistema al dejarlo en manos de voluntarios de poca preparación, experiencia y capacidades que tienen por lo general para proporcionar ayuda en lugar de profesionalizarlo y dejar el sistema en manos expertas que sepan sacar rendimiento de los recursos y de las potencialidades humanas.
Es en definitiva el sistema al que nos quieren llevar programas como el famoso "Plan Juncker" que desde la Unión Europea propone desmantelar los Servicios Sociales Públicos a base de tijeretazo y sacrificio en ritual ante la Diosa Austeridad y en su lugar, subvencionar los bancos de alimentos y programas de las entidades benéficas para proporcionar ayudas a la pobreza. Unos programas que por lo general, a diferencia de los Servicios Sociales Públicos, están en manos de voluntarios con muy buena voluntad pero poca preparación para comprender los procesos sociales que afectan a la pobreza y las técnicas para lograr la integración social de las personas y familias ni tampoco para diagnosticar correctamente una situación de necesidad ni diferenciar una situación de pobreza de una de exclusión social. En ocasiones, tratan de darle una pincelada profesionalizadora y técnica a ese sistema de ayuda requiriendo que quienes deseen acceder a esos bancos de alimentos y otras limosnas, dispongan de un volante de los trabajadores sociales de los Servicios Sociales Públicos, unos Servicios colapsados debido a los recortazos en personal y recursos por orden de Europa. Es entonces cuando llega la pregunta del millón, siendo que al final, los Servicios Sociales Públicos deben intervenir y hacer informes para que las personas en situación de necesidad accedan a los sistemas de ayuda, ¿NO SERÍA MÁS EFICIENTE DESTINAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS A MANTENER ÉSTOS SERVICIOS PÚBLICOS Y MEJORARLOS Y NO A SUBVENCIONAR A LAS ENTIDADES CARITATIVAS Y A LOS BANCOS DE ALIMENTOS?
No estoy diciendo que haya que acabar con el esfuerzo y el trabajo que realizan las entidades sociales del llamado "Tercer Sector" o de las entidades benéficas, símplemente que éstas se deben autofinanciar con sus propios recursos y no con dinero público y que deben tener un papel complementario o residual en los sistemas de ayuda y no a la inversa. El Estado a través de sus Servicios Públicos debe destinar recursos suficientes para combatir la pobreza y la exclusión social pero por muy perfecto y bien dotado que sea el sistema público de ayuda, siempre habrá situaciones que no pueda abordar dada la complejidad de las realidades sociales, es ahí donde deben entrar la beneficencia y no al contrario, es decir, no dejar a éstas personas y familias en manos de las entidades benéficas y ya cuando éstos sistemas de la beneficencia tengan necesidad de un apoyo técnico o profesionalizado recurrir a los agonizantes Servicios Públicos.
No sólo es suficiente con profesionalizar los sistemas de ayuda sino también hacerlos de responsabilidad pública, no dejarlos en manos del "Tercer Sector", en defensa de dar más protagonismo al Tercer Sector en perjuicio de los Servicios Públicos en materia de Servicios Sociales he leído cosas como que las entidades del Tercer Sector son menos rígidas y saben empatizar más con las situaciones, yo más bien considero que aquí se confunde empatizar con abordar a las personas como necesitados portadores de lágrimas y no como ciudadanos portadores de derechos y por otro lado se confunde flexibilidad con dotar casi en su totalidad a las entidades de personal contratado en condiciones precarias y con inestabilidad laboral, cuando no abusar del voluntariado para cubrir puestos de trabajo.
Si se quiere combatir eficientemente a la pobreza y luchar contra la exclusión social, debemos dejar atrás los Planes Junckeres y aplaudir medidas como la Renta Mínima que la ciudadanía y el movimiento sindical han llevado al Congreso a través de una Iniciativa Legislativa Popular y que hay posibilidad de que sea aprobada, una ayuda pública universal para que ninguna familia se vea bajo el umbral de la pobreza, descongestionando los Servicios Sociales Públicos para que más que dedicarse a gestionar ayudas de subsistencia, se dediquen a elaborar programas de inserción para éstas familias y que sean capaces de insertarse en la sociedad y no tener que depender de éstas ayudas.
Siempre habrá un margen (siempre residual y poco numeroso) que no tenga voluntad o capacidad en la sociedad pero es una cuestión de derechos humanos y de democracia asegurar que al menos tengan un medio para subsistir, qué menos que 400 euros. Para el resto, para la gran mayoría resultante de ésta situación de emergencia social que ha dejado fuera de juego a tantas familias, siempre deberán estar los Servicios Sociales Públicos para que trabajen por la inserción social de éstas familias y no para gestionarles limosnas.
Pero por qué debemos entender que la caridad, la beneficencia basada en la limosna y la ayuda exclusivamente por el amor al prójimo es antidemocrática.
Es antidemocrática porque asume que los pobres están destinados a serlo por designio divino, porque siendo pobres tendrán ganado el reino de los cielos y porque los ricos, al darles limosna tendrán ganado el pasaporte al cielo, una estructura social basado en un orden divino de las cosas que ninguna intención se tiene de cambiar, algo así como un sistema de castas que nada tienen que ver con una sociedad democrática.
Es antidemocrática porque humilla al débil, quien deberá verse obligado eternamente a mendigar, a suplicar el pedazo de pan, a hacer largas colas puchero en mano para beneplácito de quienes quieran quitarse sus remordimientos y sentimientos de culpabilidad dejando unas migajas que compartir y que el pobre tenga que dar las gracias por algo que debería ser un derecho como persona y como ciudadano.
Es antidemocrática porque no pretende liberar al ser humano ni capaditarlo para que pueda ser capaz de decidir su destino con sus propios recursos y potencialidades sino que quiere hacerlo eternamente dependiente de la ayuda de las almas caritativas.
Es antidemocrática porque desvincula de la responsabilidad pública la lucha contra la pobreza y además, la confesionaliza dejándola en manos de las instituciones del clero.
Es antidemocrática porque reduce al pobre como un hermano al que hay que ayudar por piedad y caridad y no por ser un ciudadano con derechos.
Es antidemocrática porque no busca la eficiencia del sistema al dejarlo en manos de voluntarios de poca preparación, experiencia y capacidades que tienen por lo general para proporcionar ayuda en lugar de profesionalizarlo y dejar el sistema en manos expertas que sepan sacar rendimiento de los recursos y de las potencialidades humanas.
Es en definitiva el sistema al que nos quieren llevar programas como el famoso "Plan Juncker" que desde la Unión Europea propone desmantelar los Servicios Sociales Públicos a base de tijeretazo y sacrificio en ritual ante la Diosa Austeridad y en su lugar, subvencionar los bancos de alimentos y programas de las entidades benéficas para proporcionar ayudas a la pobreza. Unos programas que por lo general, a diferencia de los Servicios Sociales Públicos, están en manos de voluntarios con muy buena voluntad pero poca preparación para comprender los procesos sociales que afectan a la pobreza y las técnicas para lograr la integración social de las personas y familias ni tampoco para diagnosticar correctamente una situación de necesidad ni diferenciar una situación de pobreza de una de exclusión social. En ocasiones, tratan de darle una pincelada profesionalizadora y técnica a ese sistema de ayuda requiriendo que quienes deseen acceder a esos bancos de alimentos y otras limosnas, dispongan de un volante de los trabajadores sociales de los Servicios Sociales Públicos, unos Servicios colapsados debido a los recortazos en personal y recursos por orden de Europa. Es entonces cuando llega la pregunta del millón, siendo que al final, los Servicios Sociales Públicos deben intervenir y hacer informes para que las personas en situación de necesidad accedan a los sistemas de ayuda, ¿NO SERÍA MÁS EFICIENTE DESTINAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS A MANTENER ÉSTOS SERVICIOS PÚBLICOS Y MEJORARLOS Y NO A SUBVENCIONAR A LAS ENTIDADES CARITATIVAS Y A LOS BANCOS DE ALIMENTOS?
No estoy diciendo que haya que acabar con el esfuerzo y el trabajo que realizan las entidades sociales del llamado "Tercer Sector" o de las entidades benéficas, símplemente que éstas se deben autofinanciar con sus propios recursos y no con dinero público y que deben tener un papel complementario o residual en los sistemas de ayuda y no a la inversa. El Estado a través de sus Servicios Públicos debe destinar recursos suficientes para combatir la pobreza y la exclusión social pero por muy perfecto y bien dotado que sea el sistema público de ayuda, siempre habrá situaciones que no pueda abordar dada la complejidad de las realidades sociales, es ahí donde deben entrar la beneficencia y no al contrario, es decir, no dejar a éstas personas y familias en manos de las entidades benéficas y ya cuando éstos sistemas de la beneficencia tengan necesidad de un apoyo técnico o profesionalizado recurrir a los agonizantes Servicios Públicos.
No sólo es suficiente con profesionalizar los sistemas de ayuda sino también hacerlos de responsabilidad pública, no dejarlos en manos del "Tercer Sector", en defensa de dar más protagonismo al Tercer Sector en perjuicio de los Servicios Públicos en materia de Servicios Sociales he leído cosas como que las entidades del Tercer Sector son menos rígidas y saben empatizar más con las situaciones, yo más bien considero que aquí se confunde empatizar con abordar a las personas como necesitados portadores de lágrimas y no como ciudadanos portadores de derechos y por otro lado se confunde flexibilidad con dotar casi en su totalidad a las entidades de personal contratado en condiciones precarias y con inestabilidad laboral, cuando no abusar del voluntariado para cubrir puestos de trabajo.
Si se quiere combatir eficientemente a la pobreza y luchar contra la exclusión social, debemos dejar atrás los Planes Junckeres y aplaudir medidas como la Renta Mínima que la ciudadanía y el movimiento sindical han llevado al Congreso a través de una Iniciativa Legislativa Popular y que hay posibilidad de que sea aprobada, una ayuda pública universal para que ninguna familia se vea bajo el umbral de la pobreza, descongestionando los Servicios Sociales Públicos para que más que dedicarse a gestionar ayudas de subsistencia, se dediquen a elaborar programas de inserción para éstas familias y que sean capaces de insertarse en la sociedad y no tener que depender de éstas ayudas.
Siempre habrá un margen (siempre residual y poco numeroso) que no tenga voluntad o capacidad en la sociedad pero es una cuestión de derechos humanos y de democracia asegurar que al menos tengan un medio para subsistir, qué menos que 400 euros. Para el resto, para la gran mayoría resultante de ésta situación de emergencia social que ha dejado fuera de juego a tantas familias, siempre deberán estar los Servicios Sociales Públicos para que trabajen por la inserción social de éstas familias y no para gestionarles limosnas.
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